PARTICIPACION POLITICA DE LAS MU

labrys, études féministes/ estudos feministas
janvier /juin 2007 - janeiro / junho 2007

El artículo parte del Informe del Social Watch del 2005 que concluye que en ningún país del mundo las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los varones. Para disminuir estas desigualdades, en la política se han venido aplicando medidas de discriminación positiva o cuotas de género para lograr el acceso de las mujeres al poder. En un periodo de medidas discriminación positiva para las mujeres en el Perú, nos preguntamos ¿Qué trajo de nuevo para la participación ciudadana y para las mujeres el nuevo diseño de la descentralización? ¿Son los espacios regionales una oportunidad para las mujeres?¿Cuales fueron los resultados de la participación políticas en las elecciones para el periodo 2003-2006? y Las elecciones del 2006-2011 con el regreso de Alan García.

El Informe del Social Watch[1] del 2005 concluye que en ningún país del mundo las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los varones. Para disminuir estas desigualdades, en la política se han venido aplicando medidas de discriminación positiva o cuotas de género para lograr el acceso de las mujeres al poder. En el caso del Perú, es el único país de la región que en su Constitución aparece el compromiso del Estado de garantizar las cuotas y de acuerdo a la normatividad debe haber un 30% de mujeres en las listas de candidaturas al Congreso, las regiones, los gobiernos locales.

En América Latina y el Caribe, según el mencionado informe, Costa Rica cuenta con el mayor numero de parlamentarias, 35%, seguido de Perú 29%, Argentina, 23%, México 22%, Nicaragua 20% El promedio de la Unión Parlamentaria de Mujeres es de 15% y a nivel mundial, Rwanda con 48% y Suecia 45% son los países con mayor representación de mujeres y los países árabes son los que tienen menos presencia de mujeres. Hay que recordar que Costa Rica fue pionera con su ley de igualdad real y Argentina lo fue con la Ley de Cupos, junto con Perú, desarrollaron un cambio de estrategia al conseguir una normatividad a favor de las cuotas y no depender de los procesos internos de los partidos que para la década de los 90s algunos venían aceptando el 25% de mujeres en sus listas.

Quizás lo más interesante del reporte mencionado sea el novedoso Índice de Equidad de Género que han construido midiendo, en la dimensión educativa, el número de mujeres analfabetas y la matricula primaria de mujeres. La dimensión económica la mide por el porcentaje de mujeres en el total de asalariados del sector no agrícola y la relación de ingresos estimados entre varones y mujeres. La dimensión de empoderamiento la mide con el porcentaje de mujeres profesionales y técnicas, funcionarias públicas y directivas, escaños parlamentarios y puestos de alto nivel en el ejecutivo.

En la región según este índice de desempeño, los países que se acercan más a la igualdad son: Chile, Cuba, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Panamá, México, Brasil, El Salvador, Colombia, Ecuador y Perú.

En Perú, como vemos por el número de parlamentarias y por el propio Social Watch hay avances en los que se refiere a derechos políticos para las mujeres. A pesar sin duda, del grave problema de la indocumentación de mujeres. Ya que muchas mujeres, se calcula medio millón, no tienen un documento de identidad para votar, hacer operaciones bancarias, acceder a títulos de propiedad, registrar a sus hijos e hijas entre otros. Las barreras encontradas, han ido desde los costos elevados para adquirir la ciudadanía, hasta requisitos previos, como son el tener primero la libreta militar[2], como condición para adquirir la ciudadanía. Es un problema fundamentalmente rural, femenino y de extrema pobreza. Aun así, podemos afirmar que las mujeres son las que registran menos niveles de abstención en las últimas elecciones que los varones según informes oficiales.

Con nuevos problemas detectados como la indocumentación y nuevos escenarios como el de la descentralización haremos un panorama de la participación de las mujeres en las regiones, municipios en los nuevos espacios de la descentralización y en el nuevo Congreso.

El colapso del régimen político autoritario de Alberto Fujimori el año 2000 planteó a la transición democrática como una de las tareas centrales iniciar un proceso de descentralización política. Esto demandó una contra reforma estructural construida desde el año 1992, el fujimorismo recentralizó el estado dejando de lado un proceso de regionalización. La transición necesitó reformar la Constitución y abrir paso a la elección para los Gobiernos Regionales, las cuales se llevaron a cabo a fines del 2002. El modelo peruano se sustenta en tres niveles de gobierno: el local, el regional y el nacional. Estas entidades territoriales tendrían una autonomía gradual en las etapas del proceso de descentralización.

¿Qué trae de nuevo para la participación ciudadana y para las mujeres el nuevo diseño de la descentralización? Se estableció que estos gobiernos, tanto locales como regionales estaban obligados a promover la participación ciudadana, en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos participativos. Debían garantizar el acceso de todo ciudadano y ciudadana a la información pública. Esta reforma entonces dispuso que los gobiernos regionales y locales, formulen sus presupuestos con la participación de la población.

Paralelamente al régimen anterior, se desarrollaron procesos donde la ciudadanía reclamó una mayor presencia en los espacios locales. Las experiencias de concertación en esos años sirvieron de base para el nuevo diseño.

En setiembre del 2002 un conjunto de redes de mujeres, la Red Nacional de Promoción de la Mujer, la Federación de Comedores Autogestionarios, Cladem, el Movimiento Amplio de Mujeres el Grupo Impulsor fueron invitadas por la Comisión de Descentralización del Congreso, presidida por el entonces congresista Walter Alejos y sustentaron un documento que resume los puntos centrales de una propuesta desde las mujeres, sobre el proceso de descentralización.

El documento planteaba que la descentralización debería constituir una oportunidad para fortalecer la democracia y para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres con equidad. Así la ley de bases de descentralización estableció entre sus principios generales que el proceso sería promotor de igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito.

Abierto el proceso de regionalización, convocadas las primeras elecciones regionales de este periodo, entra un número significativo de mujeres a los espacios regionales y locales como presidentas regionales, consejeras, alcaldesas, regidoras. El 2002 tres mujeres encabezan los gobiernos regionales: Cristala Constantinides (Moquegua), Luzmila Templo (Huanuco) y Rosa Medina (Tumbes). Como concejeras regionales entran 50 mujeres y como regidoras provinciales 400 (23.5%) y distritales 2,312 (27%) En el caso de alcaldesas provinciales fueron cinco (3%) y 48 en distritos (3%) que ha sido en este espacio el promedio en la década. En total fueron 2,828 mujeres que participaron en el inicio de este proceso de descentralización. Durante este periodo en la región el promedio de alcaldesas más altos lo tenía Panamá con 14.8% y Costa Rica 12.3% y Guatemala el menor con 0,9%.

Con relación a la estructura regional, las mujeres no encontraron espacios adecuados para desarrollar sus agendas, sus políticas y sus programas. En el diseño lo que se crea en cada gobierno regional, fue una gerencia de Desarrollo Social, dejando de lado la creación de una Gerencia de la Mujer. Ello respondió al peso que adquirieron los programas sociales en nuestro país, y al fortalecimiento de los sectores conservadores que se negaron a discutir una agenda de las mujeres más amplia que los programas sociales alimentarios. Prevaleció en ese momento la idea que siendo la prioridad la lucha contra la pobreza, vía los programas era un camino para su disminución de las brechas de inequidad en el país.

¿Que hubo en los gobiernos regionales que nos parezca importante en ese periodo? El Gobierno Regional de Moquegua, impulsó una experiencia territorial del Plan de Igualdad de Oportunidades de la Región. Está la Comisión de la Mujer del Gobierno Regional del Callao. El Gobierno Regional de Junín, crea la Subgerencia de Igualdad de Oportunidades, que depende de la Gerencia de Desarrollo Social.

De destacar es la creación del Consejo Regional de Mujeres de Piura que define los lineamientos de política regional en materia de enfoque de equidad de genero en la región del 2004 al 2006. Se crea un Consejo Regional de la Mujer en Junín reconocido por el Gobierno Regional sustentado en la creación de Mesas de Dialogo de las mujeres en cada provincia (9). Hay otras experiencias en el sur del país. Pero en general podemos decir que la estructura regional no favorecía a las mujeres, pero las organizaciones en alianza con regidoras, consejeras, alcaldesas crearon una diversidad de espacios regionales para colocar sus demandas y propuestas, se implementaron políticas, planes o proyectos relacionados con las mujeres dentro del presupuesto participativo y el plan de desarrollo concertado. El gran número de ordenanzas regionales y locales a favor de políticas públicas a favor de las mujeres en los últimos años dan cuenta del impacto de la descentralización para las mujeres. Las organizaciones de mujeres venciendo algunas barreras lograron colocar proyectos en el presupuesto participativo vinculados a acciones para disminuir la violencia doméstica, generar oportunidades de ingresos, inversión en desarrollo de capacidades y nuevos liderazgos, entre otros.

Los espacios que abrió la descentralización, fueron los Consejos de Coordinación Local (CCL) y Concejo de Coordinación Regional (CCR) en todo el país. En dichos espacios se estipulo el porcentaje de sociedad civil que debía ser elegido y que aprobarían los Planes de Desarrollo y el Presupuesto

Para eliminar barreras en la participación se creó la figura de agentes participantes para los presupuestos participativos y planes concertados. En la primera elección para los representantes de la sociedad civil, se vio que la fuerza femenina a nivel nacional eran las organizaciones de mujeres de comedores populares, de los comités del vaso de leche, y de los clubes de madres, fundamentalmente, pero no reunían los requisitos puestos en la normatividad para su participación.

Para garantizar la participación de las organizaciones de mujeres, algunos municipios se vieron en la necesidad de emitir ordenanzas exonerando de algunos requisitos para que por única vez se les permita participar. Estas iniciativas de ordenanzas municipales fueron en gran parte incidencia de la sociedad civil local. En este periodo se pudo detectar las barreras que las organizaciones de mujeres tenían para poder participar, siendo la principal, la del reconocimiento como sujeto frente al estado, vía el registro publico o municipal. Por ello se inician campañas de formalización. Para este tipo de organizaciones de mujeres, el reconocimiento era de vital importancia, sobre todo cuando el proceso de transferencia de los programas alimentarios a todos lo municipios provinciales del país les daba una oportunidad de formar parte de los comités de transferencia. Por eso, recién el 2006 se concreta la organización de comedores en el ámbito nacional con una Federación como la Conamovidi.

En el Perú para abrir el proceso de descentralización se hizo una Reforma Constitucional, del Capítulo XIV de la Constitución de 1993, y que en ella se constitucionalizaron las cuotas para mujeres y para los pueblos originarios. En este capítulo donde se diseña el modelo de la descentralización, el tema de la participación, los procesos participativos y se incluye un artículo el 191, que constitucionaliza las cuotas en el Perú: Así dice, El Estado peruano garantizara cuotas mínimas de participación política para las mujeres y los pueblos originarios. Esta propuesta es presentada por el Congresistas Javier Diez Canseco a pedido de una Mesa de Trabajo sobre Gobiernos Locales de CONADES que la conformaban, Flora Tristan, Demus, Grupo Propuesta, Servicios Educativos Rurales, Ceas, Centro de Antropología Aplicada, CAAAP, entre otros.

Esto dio lugar, a que se eleven las cuotas para las mujeres al 30%, se fije la cuota indígena en 15% en los lugares que determinó el Jurado Nacional de Elecciones, que básicamente lo oriento para los pueblos amazónicos. Posteriormente el año 2006, se dio una cuota para jóvenes del 20% para las elecciones locales y regionales.

En estos años se discute en la Mesa Multipartidaria, de partidos políticos lo que hoy se denominan mandato de posición o de ubicación. Se plantea que el orden de la lista de candidatos se fija teniendo en cuanta que de cada tres candidatos sucesivos cuando menos uno debe ser del sexo en minoría numérica. Si bien se avanza en un compromiso sobre la alternancia en las listas al colocar la cuota de mujeres, los partidos, cuando se aprueba la Ley de Partidos Políticos el año 2003, no la toman en cuenta.

Es importante señalar que el sistema electoral peruano tiene tres organismos, uno de ellos el Jurado Nacional de Elecciones, tiene una demanda en la Corte Interamericana[3] por incumplimiento de cuotas en las elecciones del 2002 y que ya tiene un fallo. En las elecciones al Parlamento Andino realizadas el 2006, expidió una norma luego de convocadas las elecciones que no favoreció las cuotas. Tanto el 2002, como el 2006 sus decisiones favorecieron candidaturas de Unidad Nacional, uno de los partidos conservadores en el Perú. Por eso, la vigilancia permanente sigue siendo un reto para las organizaciones de mujeres. Hoy gran parte de las agendas y plataformas de las organizaciones de mujeres tienen una demanda por la paridad en todos los niveles.

En el Perú se firma un Acuerdo Nacional con 28 políticas de estado en marzo del 2002. En este acuerdo hay representantes de los partidos políticos, de la sociedad civil y del Estado. Hay una política a favor de la mujer. La que fue respaldada inicialmente por los Frentes Regionales (Washington Román), la CGTP (Juan José Gorriti), quienes desde sociedad civil, acogieron la propuesta de las organizaciones de mujeres, fundamentalmente feministas, para tener una política de género. En el Estado encontró apoyo en ese momento del Ministerio de la Mujer, de le ex ministra Cecilia Blondet y su vice-ministra Violeta Bermúdez. De Somos Perú con de la regidoras Olenka Ochoa y Elsie Guerrero, la de Josefina a Huamán por la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Me cuento entre las testigas de excepción como asesora de los Frentes Regionales en ese momento. La realización de plantones frente a las oficinas del Primer Ministro donde se reunía el Foro del Acuerdo Nacional fue importante para definir la décimo primera política a favor de las mujeres.

Esta política que articuló parte de la agenda de las organizaciones de mujeres ha sido una política orientadora en los espacios regionales y locales en los últimos años, Y ha servido también para que los partidos cumplan con los compromisos que asumieron. Con este compromiso es que antes de la campaña electoral del 2006 se firmaron compromisos con una Plataforma Multipartidaria de Políticas de Genero con casi todos los partidos nacionales, y en regiones como Lambayeque, Cusco, Arequipa, entre otros. Es importante destacar que este acuerdo y estas políticas han permanecido con el nuevo gobierno.

DÉCIMO PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO
Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras. La reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones afirmativas del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población.
Con este objetivo, el Estado: (a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; (b) fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil; (c) fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género; (d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo; (e) desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas; y (f) promoverá y protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan integralmente.

Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras. La reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones afirmativas del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población. Con este objetivo, el Estado:

(a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; (b) fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil; (c) fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género; (d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo; (e) desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas; y (f) promoverá y protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan integralmente.

En un balance de las mujeres y el Estado en el proceso de transición, habría que rescatar algunos avances. ¿En que avanzó el Ministerio de la Mujer, en estos años? En un apretado resumen, destacaría el desarrollo del Plan y el Programa de Prevención de la Violencia y la creación de la Mesa de Lucha contra la Pobreza en la gestión de la ex ministra Susana Vallarán. La promulgación del Reglamento de la Ley de Comedores, y la Política a favor de la Mujer en el Acuerdo Nacional, son dos logros de la gestión de Cecilia Blondet, además de la instalación de la Comisión de Alto Nivel del Programa de Violencia. La introducción del Comité de Gestión en el diseño de la transferencia de los programas sociales para fortalecer la presencia de las organizaciones sociales de base y la creación de la Mesa de Dialogo con las organizaciones de mujeres, destacaría de la gestión de la ex ministra Anel Townsend.

El resultado de las elecciones presidenciales y congresales cambiaron el escenario político del país. Las elecciones presidenciales le dieron la victoria a Alan García en una segunda vuelta. Pero la primera vuelta en la que gana Ollanta Humala es que se configura el nuevo Congreso. Así, en el caso de las mujeres fueron elegidas 35(29.17%) el porcentaje mas alto en el parlamento peruano. Hay un 70% de las regiones. Unión por el Perú, cuenta con 15 parlamentarias, por ello presiden la Comisión de la Mujer. Lo sigue el APRA con 8 parlamentarias. Hay que decir que esta representación parlamentaria ha creado el Grupo Parlamentario de Mujeres, y han impulsado dos leyes de suma importancia, la Ley de Igualad de Oportunidades promulgada en marzo del 2007 y la introducción en la Ley de Presupuesto Publico un articulo que pide una evaluación por resultado de genero en la inversión publica.

El resultado de las elecciones regionales le da la victoria a partidos y movimientos regionales fundamentalmente. En el caso de las mujeres la tendencia de regidoras distritales y provinciales se ha mantenido a nivel de las cuotas. Hay elegidas 419 regidoras provinciales y 2,335 distritales. En alcaldías hay 3 alcaldesas provinciales, dos menos que el periodo anterior y 44 Alcaldesas Distritales, 4 menos que el periodo anterior. El numero de concejeras ha aumentado ahora son 63, pero no hay ninguna Presidenta Regional y el promedio de alcaldesas que siempre fue bajo se ha mantenido. Si los vemos en términos globales podemos decir que es un contingente impotente de mujeres, que en un primer año de gestión están como en años anteriores mostrando interés y trabajando a favor de las mujeres. Estas autoridades han impulsado Asociaciones de Regidoras en Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Piura, entre otros. Son innumerables las experiencias a nivel local, lugares como la provincia de Lucanas al sur de Ayacucho, una zona muy golpeada por la violencia política de los 80s tiene un Plan de Igualdad de Oportunidades.

Por primera vez, la asociación Transparencia hizo un monitoreo con indicadores de genero el 2006. Del estudio mencionado se publicaron los siguientes resultados. La prensa escrita dedicó en Lima en su cobertura de candidatos y candidatas, un 18.59% a las mujeres, la televisión un 22% y la radio un 26%. La cobertura en regiones sobre las propuestas de las mujeres fue en Ancash para las mujeres la cobertura fue del 2.16%, en Ayacucho 1.26%, en Puno frontera con Bolivia 0.12%.

En relación a los temas de género la Prensa Escrita le dedicó 0.97% de su espacio dedicado a las elecciones, la televisión el 1.42% y la radio 1.59% Como podemos ver no hay una disposición de los medios a favor de las mujeres candidatas, ni en los temas que a las mujeres nos interesan. Todo ello es muy importante a la hora de hacer propuestas y análisis de los cambios que se necesitan para los próximos años.

Además de los espacios tradicionales como el Congreso, con una Comisión de la Mujer que ha logrado impulsar normatividad favorable a las mujeres, existen hoy nuevos espacios regionales y locales donde las mujeres participan y hacen política

La descentralización es una oportunidad para las organizaciones de mujeres porque ha permitido visibilizarlas y han conseguido sus propias políticas locales y regionales

La aplicación de las cuotas ha sido una demanda desde las organizaciones de mujeres y por ello ha contribuido a mejorar la participación. A pesar del esfuerzo que se ha invertido, hoy desde muchos lugares hay un reclamo por la paridad.

La participación de las mujeres, la agenda de las mujeres, no es un tema de la agenda de los medios y su poder cada vez es mayor en la política.

Ha habido modificaciones importantes en el sistema electoral, pero no en el sistema político por ello la ley de partidos en Perú dejo de lado varias propuestas de las organizaciones de mujeres.

Finalmente, decir que hay muchos avances en el espacio publico, pero en el privado siguen las mujeres políticas sin poder compartir las responsabilidades familiares, por ello en un perfil efectuado, hay un porcentaje alto de mujeres solas.

Social Watch (2006) Informe 2005. Rugidos y murmullos. Género y Pobreza: Más promesas que acciones. Uruguay: Instituto Tercer Mundo

Nexos Feministas (2004) La participación política de las mujeres en el Perú y la Reforma Electoral. Lima: Diakonía/ Flora Tristan

Nexos Feministas N.2 (2006) Elecciones 2006 en el Perú. La Agenda de Género y los Planes de Gobierno. Lima: Diakonía/FT

Del Águila, Alicia (2004). Mujeres en los partidos políticos en el Perú. Lima: Transparencia

Durand, Anahi. (2005) Participación Ciudadana y Empoderamento de la Mujer en Junín. Lima. CRS/Flora Tristan

Diana Miloslavich Tupac Por optar su grado de Magíster en Literatura en la UNMSM, Estudios de Doctorado en Historia. Fundadora del Movimiento Amplio de Mujeres y de la Coordinación en Perú de la Marcha Mundial de Mujeres. Trabaja en Flora Tristan en el programa de Participación Politica y Descentralización

[1] Este informe es hecho desde la organizaciones civiles.

[2] Este requisito con una norma fue eliminado el 2005.

[3] Manuela Ramos presento la demanda y cuenta con el respaldo de la Defensoria del Pueblo

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