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janvier /décmbre 2009 -janeiro/dezembro 2009

La politización de la (no)maternidad durante la dictadura militar argentina (1976-1983)

Karina Alejandra Felitti

Resumo:

Este artículo toma como centro de análisis las demandas y las estrategias de acción que desplegaron algunas organizaciones feministas durante la última dictadura militar, en relación a los derechos de las mujeres en el interior de las familias y en las decisiones acerca de la maternidad. En primer lugar, presenta los discursos y prácticas de la Junta militar acerca de las mujeres y el orden familiar, para luego revisar los modos en que estos mensajes fueron reapropiados y resignificados por el feminismo, en sus formas de lucha y resistencia.

Palabras-clave: feminismo, maternidad, poder, protagonismo social.

El protagonismo político y social de las mujeres en el proceso de recuperación democrática en la Argentina ha sido tema de varias investigaciones. En la mayoría, las Madres de Plaza de Mayo ocupan un lugar clave por su papel en la transición política. Aquellos trabajos más sensibles al enfoque de género presentan su lucha como un ejemplo paradigmático de la politización de la maternidad y del traspasamiento de los límites del mundo privado al público, ubicando a las madres como mujeres políticas paridas por sus propios hijos (Barrancos, 2007; Gorini, 2006 y 2008; Belucci, 2000; Bousquet, 1993; Bianchi y Sanchis, 1987; Puiggrós, 1986; Feijoó y Gogna 1985). Durante las últimas décadas, los estudios sobre la historia argentina reciente tomaron un nuevo impulso auspiciado, entre otros factores, por la renovación generacional en el interior de la academia y más recientemente, por la decisión política de colocar a la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar como tema de la agenda estatal (Franco y Levín 2006; Franco 2005).

En este nuevo contexto, la militancia fue reivindicada y las particularidades de la participación femenina en las organizaciones de izquierda despertaron un especial interés. Esto posibilitó que muchas mujeres tomaran la palabra y contaran sus propias experiencias desde un lugar antes solapado o ausente (Jelin, 2001; Grammático, 2007). Como ejemplos significativos de esta etapa, que inauguró el trabajo pionero de Marta Diana (1997), puedo mencionar el libro que presenta los recuerdos de ex detenidas desaparecidas en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los más importantes centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, ubicado en la ciudad de Buenos Aires (Actis et al 2001); las memorias de las presas políticas (La Lopre, 2006; AA.VV, 2006; Filc, 2004, Gorini y Castenovo, 1986) y las de esposas y compañeras de desaparecidos (Ciollaro 1999). Asimismo, circulan obras que responden al relato biográfico y reponen la historia de ciertas militantes cuya excepcionalidad o trascendencia así lo permiten (Giusiani 2005; Saidón 2005). A su vez, en otros estudios más generales, las memorias femeninas encuentran un lugar explícito o se traslucen en el mismo proceso de escritura (Robles, 2004; Sadi, 2004; Zuker, 2003; Anguita y Caparrós, 1998).

En este escenario que presenta el campo de la historia reciente, algunas investigaciones han puesto el acento en los desarrollos locales que tuvo el feminismo de la segunda ola en el país (Gil Lozano, 2006; Vasallo, 2004; Belucci 1999; Chejter, 1996; Nari, 1996). Estos se basan en el análisis de los documentos y materiales de difusión producidos por las organizaciones feministas locales, los relatos en primera persona de las militantes (Odonne, 2001,Calvera, 1990; Cano, 1982; Aldaburu et al 1982) y entrevistas producidas especialmente en el marco de estas investigaciones. Este breve artículo se inscribe en esta línea de investigación y toma como centro de análisis las demandas y las estrategias de acción que desplegaron algunas organizaciones feministas durante la última dictadura militar, en relación a los derechos de las mujeres en el interior de las familias y en las decisiones acerca de la maternidad.[1]

Para ello, en primer lugar, presento los discursos y prácticas de la Junta militar acerca de las mujeres y el orden familiar, para luego revisar los modos en que estos mensajes fueron reapropiados y resignificados por el feminismo, en sus formas de lucha y resistencia. En esta tensión entre lo que el Estado consideraba una obligación femenina y lo que éstas mujeres reivindicaban como su derecho, se construyó un modo de participación política no anclada ya en la politización de la maternidad, como había sucedido con el feminismo de la primera ola en el país, sino en el cuestionamiento de la obligatoriedad de ese rol.  

Las “buenas” mujeres y las “buenas” familias

El 24 de marzo de 1976 un golpe militar terminó con el gobierno peronista e instauró una dictadura que planeó una operación represiva a gran escala. Este sistema de terrorismo de estado, por medio del secuestro, la tortura, la desaparición de personas y su asesinato, buscó acallar cualquier voz que cuestionara el modelo económico, social y político que encarnaba el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (Romero, 2003). En relación al tema particular que aquí me ocupa, es importante indicar cuál fue la política demográfica que siguió la Junta militar.

Desde los inicios de su historia como nación independiente, la Argentina había manifestado sus deseos poblacionistas ante lo que consideraba un país “desierto”. A medida que avanzó el siglo XX y la influencia de la inmigración se disipó, la presión se colocó en el aumento de la natalidad, con discursos que fomentaban la buena calidad de la población y su encuadre dentro de los valores y las normativas cristianas, sin que esto derivara en disposiciones concretas (Nari, 2004).

En la década de 1960, en pleno debate sobre la “explosión demográfica” y la recepción local de la revolución anticonceptiva y sexual, las arengas natalistas tampoco se tradujeron en medidas específicas hasta la vuelta del peronismo al poder. Fue durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, el 28 de febrero de 1974, que se dio a conocer el Decreto nº 659 que establecía restricciones a la venta de anticonceptivos y prohibía el desarrollo de actividades de planificación familiar en todas las dependencias públicas (Felitti, 2008). Esta normativa marcó un punto de quiebre en la historia de los derechos reproductivos en la Argentina al ser la primera medida coercitiva que limitaba las capacidades de decisión en este tema y establecía fuertes diferencias entre aquellos que dependían de la atención estatal y quienes por su condición educativa, de clase y género podían sortear los nuevos obstáculos.

La dictadura militar mantuvo en vigencia las disposiciones del peronismo contrarias a la planificación familiar por medio del Decreto nº 3938, redactado a fines de 1977. En sus consideraciones se volvía a indicar el obstáculo que implicaba la falta de población y su distribución desequilibrada para el desarrollo de la “comunidad nacional” y para alcanzar la meta de la “Argentina potencia” (Poder Ejecutivo, 1978: 3-4). En la concepción de la Junta, el objetivo de aumentar la población estaba fuertemente asociado con la preocupación por la calidad de los habitantes.

La inmigración que se privilegiaba era del tipo “saludable y culturalmente integrable”, calificada y con capital propio y, además, se señalaba la necesidad de “organizar un régimen de ingreso que permita la selección y encauzamiento de los inmigrantes limítrofes”. Estas medidas se enunciaban junto con otras que pretendían alentar la permanencia en el país de profesionales, científicos y técnicos, postulados que entraban en contradicción con el vertiginoso exilio de personas que veían en riego su vida por la misma represión estatal (Miranda, 2005).

Al no estar reglamentados, los enunciados del nuevo decreto no fueron llevados a la práctica o generaron resultados contrarios a los deseados. Por ejemplo, sólo se consiguió que los nacimientos aumentaran en los sectores de bajos ingresos. Los incentivos inmigratorios también fracasaron y, en lugar de repatriar ciudadanos, la emigración creció bajo el impulso de la nueva situación económica y la persecución política. Además, como había sucedido durante el corto período peronista, las medidas restrictivas no tuvieron una aplicación efectiva: las píldoras se vendían sin receta y las acciones de planificación familiar no sólo continuaron, sino que contaron, en varios casos, con el apoyo explícito del mismo Estado que en los discursos las prohibía. Esta ambivalencia no quitó peso a la normativa oficial que confirmó las diferencias en la atención de quienes dependían del hospital público o las obras sociales para informarse y acceder a métodos anticonceptivos y quienes podían procurarse otras herramientas para decidir en libertad (Felitti, 2009).

Los afanes natalistas que había mostrado el estado argentino desde principios del siglo XX, se habían apoyado en una concepción de género, familia y sexualidad determinada. Desde sus comienzos, el Estado procuró instalar un modelo de familia legal, heterosexual, con numerosa prole y roles de género y etáreos bien definidos y jerarquizados, y contó para ello con el apoyo crucial de la Iglesia católica (Nari, 2004). En la década de 1970, el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional redobló las apuestas previas y extendió su red de control y vigilancia de la vida privada y la intimidad hacia niveles nunca experimentados, ajustando aún más los patrones de género hegemónicos (Filc, 1997; Laudano, 1995; Jelin, 1998). Como ha señalado Guillermo O´Donnell, los contextos “micro” de la vida social se impregnaron de una visión autoritaria que procuraba restaurar el orden y el poder de mando. Los padres (varones) debían preservar la seguridad de su hogar y ejercer un comportamiento rígido, hasta despótico, en el interior de su propia familia y controlar la conducta de sus hijos (O’Donnell, 1987).

La escuela reforzó muchos de estos discursos y estereotipos y fue, como bien lo señalan muchos estudios, un ámbito de control ideológico e intervención privilegiado por la dictadura militar. Allí se intentó frenar la renovación iniciada en los años sesenta –las teorías críticas, el impacto del psicoanálisis, la dinámica grupal, la pedagogía de la recreación, las nuevas ideas sobre la infancia– y las nuevas prácticas que habían tenido lugar en la primera mitad de la década de 1970 –la creciente sindicalización docente, las campañas de alfabetización, la extensión universitaria y todo producto relacionado con la Pedagogía de la Liberación–. La implementación de una estrategia represiva se realizó junto con otra, discriminadora, que marginó a los sectores de menores recursos y quebró así una larga tradición de la escuela pública como institución niveladora de las diferencias (Pineau, 2006). Aunque quedó lugar para la resistencia y llegaron a circular libros renovadores que evitaron la censura, el peso de la visión tecnocrática, verticalista, clerical y autoritaria fue muy importante y difícil de revertir (Kaufmann, 2006).

Dada la vasta bibliografía que se ha ocupado de este tema, sólo me interesa resaltar aquí el modo en que, desde la escuela, se intentó apuntalar un modelo de género, sexualidad y familia específico. En el manual de Estrada para 7º grado (1981) podía leerse: “Los conocimientos que tenemos de los primeros hombres de la humanidad permiten afirmar que desde los orígenes existieron el matrimonio –la unión permanente de un hombre y una mujer– y la familia...” (Carbone, 2006: 58). Esta no fue la primera vez que aparecieron en los textos escolares estereotipos y prejuicios sexistas (Wainerman y Barck de Raijman, 1987) que, según las explicaciones del régimen y sus edecanes, pretendían reconstruir un sistema moral en crisis, atacado por las doctrinas socialistas y los imperialismos ideológicos, como el marxismo, el comunismo y el anarquismo. Estas ideologías que atacaban a la Nación, no sólo lo hacían por medio de sus planteos políticos y de la lucha armada, también minaban las “reservas morales” de la argentinidad, al introducir visiones favorables respecto de la anticoncepción, el aborto y la pornografía (Invernizzi y Gociol, 2002: 50). Esta visión reforzaba un estereotipo que poco coincidía con la rígida concepción de moral sexual y el interés puesto en la preservación de la familia –por cierto, con otros valores a los que defendían los militares– que sostenían las organizaciones político- armadas que actuaban en el país en aquellos años (Felitti 2009).

A modo de ejemplo de esta política en las prácticas educativas y sus materiales, puede mencionarse el caso del libro de texto para la enseñanza del francés Le francais et la vie. Este fue censurado en 1980, y para hacerlo se adujo que sus páginas hacían referencia a la política universitaria, al Mayo Francés y otras protestas sociales contemporáneas pero también, se puso el acento en una fotografía que mostraba a un grupo de mujeres del Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) marchando por las calles parisinas (Invernizzi y Gociol, 2006). Las asignaturas de ciencias sociales, además de construir una imagen del “argentino ideal”, debían por definición dar cuenta de algunos problemas mundiales. De este modo, la cuestión demográfica y los problemas de soberanía que esta generaba ingresaron a las aulas, bajo los lineamientos que imponía el peso de la tradición geopolítica en la enseñanza de la Geografía. La doctrina católica también encontró su lugar en los programas de formación cívica, al presentar una visión de la moral ligada fuertemente a los principios de esta religión.[2]

Algunos libros de texto mostraron esta confluencia de manera explícita, al incluir en sus páginas biografías de los Papas, citas bíblicas, cuestionamientos al laicismo y referencias a documentos de la Iglesia. Por ejemplo, la definición de familia antes citada se basaba en las consideraciones de la encíclica Humanae Vitae (Carbone, 2006:61), documento que había confirmado en 1968 la prohibición de cualquier método de planificación familiar excepto la abstinencia sexual. En otro texto de Formación Moral y Cívica de la editorial Claretiana, escrito por César Belaúnde y María del Carmen Belaúnde, también se hacía referencia a la finalidad procreativa del matrimonio y la irrevocabilidad del pacto conyugal (Invernizzi y Gociol, 2002: 117).

Además del ámbito educativo, la industria cultural también sufrió los embates de la censura, justificaba como una defensa de la moral y las “buenas costumbres”. El cuestionamiento a los valores familiares y a los roles de género tradicionales dieron argumentos suficientes para arremeter contra cualquier producto. Por ejemplo, los autores de telenovelas fueron obligados a descartar de las tramas de estas las “parejas desavenidas” o los ejemplos de “dudosa moral”, así como los conflictos sociales y las situaciones límite que marcaban diferencias sociales, es decir, todo lo que precisamente caracteriza a este género (Mazzioti, 1996). Las canciones también sufrieron censura, algunas por sus contenidos de denuncia social y política, y otras por sus referencias a otros temas que también se consideraron problemáticos. Por ejemplo, en 1976 el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) prohibió la difusión del tema de Camilo Sesto “Jamás”, porque en su letra se decía “Jamás, jamás, mis manos han sentido/ más piel que tu piel/ porque hasta en sueños te he sido fiel”) y eso equivalía a “exaltar exclusivamente la forma corporal en una relación de pareja, en desmedro de aspectos espirituales que son la base misma y definitiva de la familia” (Marchini 2008).

Este aceitado engranaje no debe llevar a menospreciar las resistencias que se generaron dentro del campo cultural. No pocos intelectuales, artistas y escritores lograron generar alternativas de escape y trampear las prohibiciones. Tal fue el caso de Punto de Vista, revista de crítica cultural que apareció en 1978, y algunas producciones literarias de autores como Ricardo Piglia, Juan José Saer, Luisa Valenzuela y Andrés Rivera (AA.VV 1987; Corbatta 1999). A esto se sumó una implementación algo esquizofrénica de las normativas que, mientras se aplicaban a rajatabla en determinados casos, no sucedía de igual modo en otros. Así como puede comprobarse la creación de un “cine de régimen” con la producción de films de entretenimiento que buscaban crear una imagen “amigable” de las fuerzas de seguridad, y que hicieron de la muerte y de la “aniquilación” del enemigo un lugar común (Wolf, 1994), también es cierto que durante estos años se realizaron muchas películas del género de la comedia picaresca que mostraba situaciones bien alejadas de la construcción moral que el régimen enunciaba en sus discursos. La propia Junta militar apoyó y financió decenas de películas que abrevaban en el teatro de revista, en las cuales ni la castidad, ni el matrimonio, ni la fidelidad eran valoradas, sino que más bien sucedía lo contrario.[3]

Los autoproclamados “guardianes del orden moral” no sólo se fotografiaban con las vedettes que protagonizaban esas películas sino que financiaban estas producciones a través de los organismos cinematográficos en manos estatales. Hugo Salas entiende que esto no pretendió ser una válvula de escape sino un modo de imponer la lógica del modelo económico promovido por la Junta a la vida cotidiana (Salas, 2006). Las tramas daban valor al dinero como generador de éxito, y la lucha entre “piolas” y “giles” en el terreno sexual habilitaba la supresión de quienes no encajaban en las nuevas lógicas sociales y, por ende, obstaculizaban el proyecto militar.

Estas observaciones no buscan relativizar la importancia de un aparato censor que condenó al exilio o a la muerte a muchos intelectuales, escritores y artistas. La intención es poner en relación las directivas censuradoras sobre la cuestión sexual y el comportamiento concreto de las oficinas del régimen. Esta lectura que entiende al Estado de manera compleja y atiende a sus distintos niveles, permite pensar sus contradicciones y diferencias, en lugar de plantearlo como un poderoso Leviatán sin fisuras. Esta mirada habilita también una mejor comprensión de las resistencias a este modelo de género y familia que promovió y buscó imponer, tema del siguiente apartado. 

Resistencias estratégicas

A diferencia de las primeras feministas que lucharon a principios del siglo XX en la Argentina por los derechos civiles y políticos de las mujeres, quienes articularon sus discursos en torno al deber maternal dando lugar a una temprana politización de ese rol doméstico y privado (Nari 2004), la Unión Feminista Argentina (UFA) y el Movimiento de Liberación Femenina (MLF) -dos organizaciones pioneras de la segunda ola - pensaban a las mujeres como sujetos autónomos e individuales, más allá de su posición relacional. Esto le supuso al feminismo de aquellos años luchar contra la imposición de la maternidad como una obligación para las mujeres, en un contexto particularmente difícil si se tiene en cuenta la preocupación natalista del estado y sus políticas coercitivas. A esto se sumaba la consolidación de la postura oficial de la Iglesia católica en relación a este tema y a la propia resistencia que presentaban los grupos de izquierda que entendían al feminismo como una cuestión “burguesa” y a la limitación de la natalidad como una concesión al imperialismo y sus planes neomalthusianos.

A pesar de estos obstáculos y a la política de la dictadura militar que condenó al exilio y al silencio a muchas de sus militantes, en noviembre de 1979, un hecho de discriminación sacudió el escenario local y puso al activismo nuevamente en la escena pública. Los principales diarios del país comentaban que una empleada del Poder Judicial de la provincia argentina de Mendoza había sido despedida por ser madre soltera, acusada de haber incurrido en faltas a la moral y a la religión católica. Con esta acción, el Estado dejaba en evidencia, una vez más, sus ambigüedades respecto de la promoción de la maternidad. La Junta militar ya había demostrado –con su plan sistemático de desaparición de personas y robo de bebés y niños– que no todas las familias eran dignas del mismo respeto y cuidado; y que tampoco lo eran todas las madres. La maternidad que tenía valor para la Junta era la que se encuadraba dentro del matrimonio y la moral cristiana. El problema en este caso era que, al aplicar como castigo ejemplar el despido, invitaba a pensar que el aborto o el abandono del niño hubieran sido salidas menos problemáticas.

Aprovechándose de eso y de la indignación que causó el hecho más allá de sus filas, muchas feministas participaron de una importante campaña en las que reivindicaron el valor y el esfuerzo que implicaba ser madre soltera.[4] Mujeres destacadas del mundo de la cultura y del espectáculo, como las escritoras María Elena Walsh, Silvina Ocampo y Martha Lynch, la actriz Luisa Vehil, la conductora Pinky, la vedette Nélida Lobato y la cantante Susana Rinaldi, junto a las integrantes de la UFA, pusieron sus firmas en varias cartas dirigidas a funcionarios y en solicitadas publicadas en la prensa. Una de ellas citaba el artículo 19 de la Constitución Nacional –que, por cierto, no tenía ninguna vigencia durante el Proceso– y aseguraba que la maternidad “es un acto de fe, de amor, de esperanza en un mundo lleno de odio y violencia. Para una mujer soltera es, también, un acto de coraje. Nos alarma esta falta de respeto frente a una vida y esta carencia de la más elemental caridad cristiana hacia una mujer en el momento en que más lo necesita” (Citado en Chejter, 1996:30). Así, muchos de los argumentos que utilizaba la dictadura –la condena al aborto, la exaltación del rol materno, las virtudes cristianas– eran esgrimidos para impedir este acto discriminatorio y, de paso, colar reivindicaciones mucho más fuertes, como la libertad para decidir sobre el propio cuerpo.

Esto habilitó la posibilidad de avanzar sobre otro tema que había quedado trunco en los finales del tercer gobierno peronista: la reforma del régimen de patria potestad. En 1980, el feminismo reflotó el proyecto de María Cristina Guzmán, aprobado por ambas cámaras en 1975 y finalmente vetado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, con argumentos que decían defender la familia católica. La nueva campaña se basó en la recolección de firmas y aunque, según recuerda Sara Torres, la sola mención de “patria” había generado el visto bueno oficial, no era fácil lograr, en el clima de terror impuesto por la dictadura, que las adhesiones se plasmaran en un registro con datos personales. Peso a ello, juntaron miles de firmas pero, como ningún mecanismo legal podía funcionar correctamente en la falsa institucionalidad del Proceso, el petitorio terminó cayendo en el vacío. A estas dificultades del contexto se sumaban los conflictos ya señalados en el interior del feminismo, que llevaron al desmembramiento del grupo inicial, lo cual le restó fuerza a la iniciativa.[5] No obstante, ese trabajo acabó por ser la base del proyecto finalmente aprobado durante la democracia y fue, además, una primera manera de evidenciar la relación que existía entre la falta de democracia en el nivel político y social y su ausencia en los hogares.

La mala situación económica y, más tarde, el fracasado intento de recuperación del régimen militar con la guerra de Malvinas, terminaron de generar las condiciones para el resurgimiento de la sociedad civil. El feminismo fue reagrupándose mientras ganaba presencia el movimiento de derechos humanos, se retomaban las actividades de los partidos políticos y las mujeres asumían diferentes formas de militancia, no necesariamente feminista, que coexistían junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el movimiento de las Amas de Casa, que luchaba contra la inflación, y las mujeres que, luego de la Guerra de Malvinas, exigían la derogación del servicio militar obligatorio (Alfonsina, 1983). En 1982, la agrupación DIMA (Derechos Iguales para la Mujer Argentina) organizó el Primer Congreso Argentino “La Mujer en el Mundo de hoy”, en donde, durante dos extensas jornadas, se presentaron distintos trabajos sobre la situación de las mujeres, con una importante concurrencia, más de 300 ponentes y alrededor de 800 participantes. Entre los temas que se trataron se hallan trabajos sobre temas tan disímiles como los medios de comunicación, el civismo, la creatividad, la psicología, el trabajo y la política; pero las cuestiones que podían aparecer como más conflictivas, como las vinculadas a la sexualidad, estuvieron ausentes (Calvera, 1990:77). También trató de evitarse que las actividades de la DIMA quedaran asociadas al feminismo, aunque la concurrencia y la prensa las ubicaran en esta línea.

Esto confirmaba que todavía existían límites para retomar la lucha: defender a una madre soltera que se había hecho cargo de su hijo, vigilar los aumentos de los precios, impulsar el cuidado de los hijos de manera compartida y protegerlos de posibles guerras, eran acciones que, aunque pudieran poner en tensión ciertos valores asumidos como propios por la dictadura militar, no dejaban de valorizar a la familia y a las mujeres en su rol de cuidadoras y responsables del hogar. Con estas estrategias el feminismo y el movimiento de mujeres con consignas más amplias volvieron a aparecer en la escena local y colaboró con su agenda a la instalación de nuevos temas en los preludios de la recuperación de la democracia.

Algunas reflexiones finales

Los discursos militares apelaron a las mujeres en su rol de amas de casa, esposas y madres. Así fueron construyéndose imágenes femeninas virtuosas y, a modo especular, representaciones de malas mujeres, que hallaron en las Madres de Plaza de Mayo el ejemplo más contundente, a quienes el régimen responsabilizó por la suerte de sus hijos y bautizó como “locas”. Mientras toda resistencia políticamente organizada hacia el modelo político y económico que buscó imponerse se vio obligada a replegarse, las jóvenes agrupaciones feministas encontraron algunos huecos por donde hacer oír algunos de sus reclamos, al defender los derechos de una madre soltera, reclamar la reforma del régimen de patria potestad, buscar mejores precios para la canasta familiar argumentar en contra del servicio militar como obligación para sus hijos. A estas acciones visibles se sumaron formas de resistencias cotidianas al modelo de género y familia contenido en los discursos militares: muchas mujeres ingresaron al mercado de trabajo impulsadas por la necesidad económica y también por una nueva imagen de lo femenino que ya no se circunscribía al hogar y la familia. La cantidad de hijos por pareja siguió cayendo y la venta de anticonceptivos continuó en aumento, a pesar de algunas campañas mediáticas que pusieron en el banquillo de acusados a la píldora, como las que desarrolló la popular revista femenina Para Ti.

Hacia el ocaso del régimen militar, la censura oficial fue aflojándose y el gobierno estuvo más preocupado por preparar una salida airosa y libre de castigos que por seguir asumiendo un rol de guardián moral que, a ciencia cierta, nunca había cumplido del todo. La democracia trajo aires nuevos, y de a poco fue levantando las prohibiciones regían sobre el campo cultural, aunque no logró librarse de las organizaciones conservadoras que habían ganado peso durante los años sesenta y setenta, identificadas fuertemente con la defensa de un modelo de familia tradicional y católico. El “destape” generó reacciones y también demostró que, detrás de cierta representación de la “liberación sexual”, se escondía la cosificación del cuerpo femenino y que el tratamiento de temas reproductivos y sexuales en los medios no aseguraba un abordaje libre de prejuicios y estereotipos. El feminismo comenzaba así un nuevo camino en su historia, apoyado, quizás sin saberlo ni reconocerlo, en estas historias de luchas y resistencias que cambiaron los sentidos impuestos de la maternidad para reivindicar los derechos de las mujeres como personas, más allá de su posición relacional.

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Nota biográfica

Karina Alejandra Felitti es doutora em História e membro do  Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, da  Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires. Tiene beca de pós-doutoramento do CONICET.