Labrys
estudos feministas/ études féministes
agosto/dezembro 2005 -août/ décembre 2005
Católicas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito
Marta Alanís
Resumen
La religión puede ser un lugar de liberación o de opresión
para las mujeres según las experiencias concretas tanto colectivas como
individuales. No es la religión en sí misma la que genera alineación
o neurosis. Son las interpretaciones humanas, históricas, convertidas
en dogmas infalibles las que han dado lugar a distorsiones en todas
las religiones . Desde esta perspectiva se analiza el contexto
nacional y el Rol de Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina
actuando una propuesta que hace visible las disidencias internas de la
Iglesia Católica. Pocas veces se hace alusión a la diversidad
interna en las discusiones existentes en torno de las proposiciones de
una moral sexual inspirada en principios religiosos. El artículo refiere
también al Rol visible de CDD en la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito condierándolo un
aporte para que las mujeres católicas, que son la mayoría en nuestro país,
se identifiquen y se acerquen a firman dejando plasmada su adhesión. De
este modo, la disidencia que aparece como un fenómeno supuestamente marginal,
toma fuerza política, logra la adhesión mayoritaria especialmente de las
mujeres pero no sólo de ellas e irrumpe en el escenario político que enmarca
la lucha por la emancipación de las mujeres aspirando a lograr diferentes
opciones para que las decisiones se puedan tomar en libertad, condición
básica para que haya un lugar para la ética
La religión puede ser un lugar de liberación o de opresión para las mujeres según sus experiencias concretas colectivas o individuales porque, como señala Rosa Trapazo, misionera católica en Perú, “no es la religión en sí misma la que genera alienación o neurosis. Son las interpretaciones humanas, históricas, convertidas en dogmas infalibles, las que han dado lugar a distorsiones en todas las religiones” (Trapazo,1992:10). Partimos de la premisa de que podemos tener fe y creencias religiosas aunque estemos divorciadas, no queramos tener hijos, hayamos pasado por la experiencia del aborto, seamos lesbianas o estemos comprometidas con una militancia de izquierda. La fe en mujeres y varones es una necesidad y es un derecho a respetar que no debe estar trabado por las exigencias de una moral sexual que no tiene un carácter absoluto indiscutible.
En nuestra historia reciente, desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la IVº Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), se ha puesto de manifiesto por qué el punto de vista católico afecta tanto a personas católicas como a las que no lo son. En esas conferencias, la Iglesia en tanto Estado se mostró como un actor político relevante en asuntos de trascendencia nacional e internacional. Los temas en discusión eran los derechos de las mujeres, la sexualidad, la salud reproductiva y las políticas de población. El Vaticano, junto con los musulmanes conservadores y la derecha cristiana, explicitó sus acuerdos para poder defender nociones sobre género, sexualidad y reproducción basadas en principios religiosos ampliamente rechazadas aún por los propios creyentes.
En Argentina, la jerarquía católica y sus grupos aliados intensificaron su trabajo especialmente durante la década menemista. El Consejo Pontificio para la Familia, Vida Humana Internacional y el Opus Dei organizaron reuniones importantes, siguiendo una estrategia cuidadosamente planeada, cuyo objetivo era lograr lo que no pudieron imponer en las conferencias internacionales de El Cairo y Beijing. A estos eventos fueron invitados legisladores y diseñadores de políticas de la derecha de toda la región. El propósito fue enseñarles a influir en la opinión pública, siguiendo la “agenda moral” del sector más ultraconservador de la iglesia católica de los últimos veinte años. Esta “agenda moral” se opone, entre otras cosas, a los programas y políticas de salud reproductiva y planificación familiar, a los derechos de gays y lesbianas, a la educación sexual en las escuelas, a la equidad de género y al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Es decir, se opone a todo lo que promueva la capacidad y la libertad de las mujeres para tomar decisiones propias sobre su sexualidad y su propio proyecto de vida.
Estas posiciones misóginas, conservadoras, fundamentalistas -o como nos guste llamarles- representan a la jerarquía vaticana, compartidas con gran parte de las jerarquías locales en América Latina. Pero la Iglesia católica no es monolítica. Existen en ella pluralidad de posiciones en relación a diferentes temas, especialmente en lo referido a la sexualidad y a la reproducción. Esta pluralidad de posiciones da cuenta del disenso que existe dentro de los propios fieles católicos con su jerarquía. No es casual que el Papa Benedictus XVI, el 7 de mayo en la misa de posesión de la sede de Obispo de Roma, haya exaltado el poder papal para interpretar los textos sagrados y la necesidad de obediencia. El Papa, representante de un poder absoluto, especialmente del poder de enseñar, arremete también sobre el tema del aborto. Si no estuviera parado en un trono cuestionado por múltiples disidencias dentro de la propia Iglesia, el Papa no hubiera tenido necesidad de hacer tan duro llamado. La necesidad de reafirmar no sólo su poder sino también su concentración llamando a los fieles católicos a respetarlo puede leerse como un mensaje dirigido a las disidencias internas que crecen cada día más, con más y mayores reivindicaciones y cuestionamientos. Sólo por citar algunos mencionamos el celibato optativo, el sacerdocio de las mujeres, la elección democrática de los obispos, el cuestionamiento a la pirámide cuyo punto más elevado es masculino con base femenina, las posiciones diversas en relación al género y la sexualidad, etc. La principal amenaza a los poderes patriarcales religiosos son, sin duda, las disidencias internas, fenómeno que está siendo estudiado desde diferentes ángulos por académicos de las ciencias sociales, y que tienen la virtud de desarmar el pensamiento y la moral únicos.
Hay una búsqueda muy fuerte de lo religioso, pero el conjunto de la sociedad y los propios fieles perciben a la iglesia de diferente manera, y es evidente que la jerarquía católica ha perdido autoridad moral por su alianza con la dictadura y su persistente campaña moralista respecto de la sexualidad. En relación a la disidencia religiosa, Juan Marco Vaggione expresa: “Sea en la forma de organizaciones o como debates teológicos, las disidencias religiosas son una manera de reafirmar una identidad religiosa que abre importantes espacios políticos para confrontar el patriarcado. La disidencia se manifiesta en la emergencia de grupos y discursos que, a pesar de identificarse con alguna tradición religiosa, refuerzan un antagonismo con esa misma tradición. El momento del disenso, el momento donde se evidencian las fracturas identitarias, es también un momento donde se reafirma esa misma identidad; el acto de disentir es un acto de inscripción comunitaria. Diferente al desertor, que vacía el espacio de poder, el disidente reafirma su pertenencia aun a costo de arriesgar su membresía. Pero, la disidencia también implica la articulación de un antagonismo. El disidente busca romper los consensos asumidos o impuestos y construir un pluralismo interno que suspende las tradiciones religiosas como realidades homogéneas. Disidencia es más que mero desacuerdo: es la ruptura de un consenso que genera la tendencia a la expulsión” (Vaggione, 2005).
Podemos decir entonces, desde esta lógica, que Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), y a disentir de las enseñanzas religiosas, está rompiendo un consenso. Está rompiendo también con el doble discurso que genera el falso consenso. En tanto organización empeñada en luchar por la promoción de los derechos de las mujeres, con vistas a una sociedad justa e igualitaria, CDD lleva ya más de diez años de trabajo en Argentina y diecisiete de existencia en América Latina. Desde una opción ética defiende el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y a la despenalización del aborto, como expresiones de la libertad de conciencia. Se pronuncia por Estados Democráticos, Soberanos y Laicos efectivos, donde la separación Iglesia-Estado sea real; es decir, que las Iglesias no condicionen a los Estados en sus políticas públicas, en el cumplimiento de sus compromisos internacionales respecto a los derechos de las mujeres y especialmente los derechos sexuales y reproductivos. Entendemos que los Estados deben legislar para el conjunto de sus ciudadanas y ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas, respetando la pluralidad y la autodeterminación de las personas, aspirando a una democracia con igualdad de oportunidades donde los derechos sexuales y reproductivos sean contemplados como derechos humanos. Incluso, CDD-Córdoba está estudiando en profundidad los fundamentalismos religiosos, debido al poder que tienen. Por ejemplo, en Córdoba, estos grupos, además de presentar amparos contra leyes nacionales -como en el año 2003 contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la fabricación y venta del 70 % de los anticonceptivos en todo el país-, durante el 2004, han intentado silenciar a CDD mediante una fuerte campaña de denuncias, acusándonos de actuar en contra de la Constitución Nacional por contar entre nuestros objetivos el de “...profundizar la discusión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, ampliando el debate con relación a los aspectos médicos, legales y principalmente éticos”. El denunciante, integrante de Vida Humana Internacional (HLI por sus siglas en inglés), con sede en Miami, aspiraba a que se nos cancelara la personería jurídica. Si bien el fallo fue favorable a CDD, a finales del mismo año fue apelado, cuestionándose nuevamente el propio derecho de CDD a existir. Lo novedoso fue la vía elegida para expresar el deseo de hacer desaparecer nuestra organización, legalmente constituida, es decir: “Que acudan al Estado para pedir que nos supriman, nos silencien, nos disciplinen. Que quieran usar las instituciones para negar la democracia y dictaminar sobre lo que se puede discutir y debatir” (Juliá, 2004).
Pero no todo lo aprendido en la Iglesia ha sido represión. También el catolicismo ha enseñado que somos seres plenos creados a imagen y semejanza de Dios, que gozamos de libre albedrío y que es posible hacer el cielo en la tierra. Muchas mujeres que trabajan por la justicia social en todas sus formas encuentran que es cristiano amarse a sí mismas para poder amar al prójimo/a. De modo que trabajan para que todas las mujeres gocen y disfruten de ese paraíso en la tierra, merecedoras de una vida digna aún cuando decidan abortar; porque en tanto gozan de libertad de conciencia, son plenamente humanas (Vázquez, 2005). Porque también es parte de la tradición cristiana apelar al recurso de la conciencia individual como criterio último de decisión en el campo de la moral. No tiene por qué haber imperativos-mandatos a los cuales subordinarse. No existe un valor moral tan absoluto ni hay un principio único que de certezas absolutas a la profundidad de la experiencia humana. Pretender que los valores morales humanos sean absolutos acaba por desembocar en fundamentalismos contradictorios y violentos. Surge de la doctrina católica que toda la obligación moral que presente dudas no puede imponerse como si fuera indiscutible, y las enseñanzas de la iglesia sobre el aborto no han sido consideradas dogmas de fe. Por lo tanto, son atendibles distintos puntos de vista y no puede imponerse a rajatabla una única afirmación moral de validez universal sobre el tema. Menos aún en cuestiones tan polémicas que ni a lo largo de los siglos se ha llegado a consensos, ni en el interior mismo de la iglesia, ni en el campo científico, legal, teológico, entre otros.
Para contextualizar, en Argentina se ha llevado a cabo una larga lucha para obtener (hace casi tres años) la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que desde ya es perfectible porque hubo una dura negociación con la derecha católica. La Ley se propone garantizar información sobre anticonceptivos y métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual en todos los hospitales públicos y centros de salud, con provisión gratuita para todos los ciudadanos sin excepción a partir de los 14 años. Sin embargo, la implementación de este programa se lleva a cabo con serias dificultades tanto burocráticas como ideológicas o ambas combinadas, dando lugar a una dura confrontación con la cúpula eclesiástica. Aunque la Ley no incluye el derecho al aborto, y sólo lo menciona a los efectos de su prevención, la jerarquía eclesiástica y los sectores conservadores reaccionaron ante ella entendiéndola como abortiva. Este tipo de declaraciones desconoce que un principio moral válido para los católicos (o para su jerarquía) puede no serlo para quienes no lo son. Sin embargo, se habla en nombre de “recomendaciones internacionales”, “elementales principios éticos”, “alternativas consideradas internacionalmente”, “comprobaciones” nunca especificadas. Se combinan razones morales con fundamentos supuestamente científicos para decir que los anticonceptivos son cancerígenos o que los preservativos no impiden el contagio del VIH, expresándose como un sector social que reivindica su derecho a ser escuchado como otros (Vasallo, 2005, 72).
Desde hace décadas, las mujeres feministas son pioneras en poner a debate el tema del aborto. Hace veinte años que se organizan los Encuentros Nacionales de Mujeres y el tema siempre estuvo presente, creciendo en importancia, defendido por todo el movimiento. Desde 1997, comenzó a irrumpir en los Encuentros la derecha católica intentando obturar el debate, especialmente en los talleres de anticoncepción y aborto y los relacionados con sexualidad y familia. Tanto fue así que en el Encuentro realizado en Rosario, en 2003, se creó un nuevo taller llamado “Asamblea para las Estrategias por el Aborto Legal y Seguro”, con la explícita intención de que allí participaran sólo las que estaban de acuerdo con la legalización-despenalización del aborto, a fin de definir estrategias; careciendo de sentido que ingresaran las opositoras. En el pasado Encuentro de 2004, en Mendoza, los niveles de violencia hacia este taller fueron extremos, desde amenazas, pretensiones de allanamiento policial, llamadas por teléfonos celulares de las Pro-Vida denunciando que estaban secuestradas; en fin, miles de intentos de criminalizar el taller. Igual que en 2003 y en 2004 no lo lograron y la marcha que cerró el Encuentro Nacional tuvo como principal consigna “Aborto legal y seguro, aborto libre y gratuito” además de otras en contra de la Iglesia que vivaron las mujeres en marchas multitudinarias.
En febrero pasado, luego de un reportaje publicado en el diario Página/12, donde el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, reconoce la necesidad de la anticoncepción e incluso de la despenalización del aborto, Mr. Baseotto, titular de la Vicaría castrense le respondió por carta: “...nuestro señor afirma que 'los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar”. De inmediato el presidente Nestor Kirchner pidió al Vaticano la salida de Baseotto, considerando que estas expresiones contenían “...alegorías de connotaciones muy fuertes en la República Argentina que recuerdan los llamados 'vuelos de la muerte', reivindican los métodos de la dictadura, apoyan a los ejecutores de tales crímenes y lejos están de aportar a la paz y la armonía o al cuidado espiritual de las Fuerzas Armadas” según las palabras del propio presidente de la Nación. El enfrentamiento del gobierno con la jerarquía de la Iglesia católica ha significado un límite a la influencia de la jerarquía católica sobre las políticas públicas, influencia que se ve limitada también por los cuestionamientos a un sector de la jerarquía sospechada de colaboración con la pasada dictadura militar. El enfrentamiento del gobierno con la Iglesia vinculó un tema tan sensible como el de las desapariciones forzadas de personas durante la pasada dictadura con el tema del aborto, generando un acercamiento del movimiento por los DDHH con el movimiento por el Derecho al aborto, que debe ser afianzado. Paralelamente, el Gobierno Nacional propició cambios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsando la incorporación de juristas como Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes se han expresado públicamente a favor de la despenalización del aborto.
En el actual contexto emerge la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito tendiente a lograr que el Congreso Nacional derogue las disposiciones que penalizan el aborto en Argentina y sancione una nueva legislación que garantice que toda mujer que decida interrumpir un embarazo tenga atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. El lema de la campaña es “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. El avance en conciencia y organización del movimiento de mujeres en relación al derecho al aborto y la posición del gobierno frente a las reacciones de la jerarquía católica generaron una nueva etapa, donde diferentes sectores desde diferentes regiones del país dispararon acciones espontáneas a favor de la despenalización-legalización del aborto.
A partir de la reunión nacional realizada en el mes de mayo en Córdoba -que tuvo carácter de autoconvocatoria- se pudieron lograr acuerdos, que recogen un amplio arco de alianzas muy representativas, para lanzar con éxito la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país. Porque la clandestinidad del aborto no impide su realización sino que aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad “no queremos ni una sola muerte más por abortos clandestinos”, lema que aparece en los carteles que acompañan la reunión de firmas. Ya se han sumado a esta campaña alrededor de 300 organizaciones pertenecientes al movimiento feminista, el movimiento de mujeres y el movimiento social amplio de diferentes puntos del país (Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro) llevando adelante el mandato de los dos últimos Encuentros Nacionales de Mujeres (Rosario, 2003 y Mendoza, 2004). Se ha podido palpar el aumento de la adhesión entre los/las jóvenes por el derecho al aborto, y en la población en general. Hay que tener en cuenta que el apoyo en los casos de aborto por la simple decisión de la mujer es todavía bajo, pero se está visibilizando como un derecho. Los niveles de adhesión varían según las regiones del país y las diferentes clases sociales. Es evidente que en el norte, donde persisten condiciones de mucha pobreza, caudillaje, corrupción y baja politización de la ciudadanía, la influencia de los sectores conservadores es más manifiesta.
¿Qué significa la campaña para CDD y que significa CDD en la campaña? Es importante destacar que no existe realmente una contradicción en que personas u organizaciones católicas se sumen a esta campaña. Es oportuno insistir que en la Iglesia Católica las cuestiones de moral sexual nunca fueron definidas dogmáticamente y, por tanto, no exigen de los fieles obediencia absoluta. Esto no supone enfrentar a la feligresía con su propia iglesia, sino escuchar otras voces teológicas, la experiencia de las mujeres, ir más allá de la propia ley, estar abiertos a la pluralidad. Rara vez se hace alusión a la diversidad interna en las discusiones en torno a las proposiciones de la moral sexual inspirada en principios religiosos.
La dificultad que tienen las autoridades de la Iglesia para convencer a los propios fieles de que el aborto es intrínsecamente inmoral en toda circunstancia se deriva en gran parte del deseo de zanjar el tema de manera taxativa, sin matices y sin oír a las fuertes voces que se alzan en contrario. Porque la clandestinidad del aborto, pone de manifiesto la injusta desigualdad que existe en el acceso a la salud. En nuestro país hay un 70 % de muertes maternas vinculadas al aborto inseguro, totalmente evitables. El Rol visible de CDD en esta campaña contribuye a que las mujeres católicas -la mayoría en nuestro país- se identifiquen y se acerquen a firmar dejando plasmada su adhesión. En ese gesto, logran que su disidencia -que aparece hasta ahora como un fenómeno supuestamente marginal- tome fuerza política y logre adhesión mayoritaria, especialmente de las mujeres pero no sólo de ellas. Que su disenso irrumpa en el escenario político de su lucha por la emancipación, aspirando a lograr diferentes opciones para que las decisiones se puedan tomar en libertad, condición básica para que haya un lugar para la ética. Si no hay diferentes opciones se está imponiendo la maternidad como destino, la maternidad forzada, la maternidad como mandato social y cultural. La maternidad sin embargo debe ser siempre una decisión conciente, responsable y por lo tanto voluntaria.
Bibliografia:
-Juliá, S. (2004) Frente a la sensura para hablar de aborto, nuestra boca es fundamental, Córdoba, CDD, agosto.
-Trapazo, R.D. (1992) “Construir la religión desde la vida”, Conciencia Latinoamericana, IV, 2, abril-junio.
-Vaggione, J.M. (2005) “Los Roles Políticos de la Religión, Género y Sexualidad más allá del Secularismo” En Nombre de la vida, Córdoba, CDD.
nota biografica:
Marta Alanis Educadora Popular, Participante activa de Católicas por el Derecho a Decidir desde 1993, ha sido fundadora de esta organización en Córdoba, Argentina. Militante política y social, tiene amplia experiencia en educación popular y de género, y ha participado en organizaciones de derechos humanos y de mujeres. Ha cursado estudios secundarios y terciarios en Dirección de Empresas y desde 1991 ha profundizado en Educación Popular. Ha participado en seminarios y cursos de teología y teología feminista con Leonardo Boff, Ivonne Gebara, Mary Hunt, entre otros. Gran parte de la experiencia es a través de la participación en el movimiento social y político en Argentina, Bolivia y Nicaragua.
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